de Chiara Aniello – Ibarra
Estamos en Ibarra, una ciudad poblada en los Andes ecuatorianos, cruce de culturas, tradiciones y personas en constante movimiento. Rodeada y visualmente abrazada por las majestuosas montañas de los Andes, sus habitantes se distinguen por su amabilidad y reserva, y tienden a ser bastante reacios a los modos mucho más directos y exuberantes de los habitantes de la costa o de los vecinos Colombia y Venezuela, que, debido a la inestabilidad político-económica y al clima de inseguridad y violencia, se han convertido en la última década en “países expulsores” de migrantes.
Ubicada en una posición estratégica, Ibarra conecta la capital Quito con la frontera norte del país, y siempre ha sido considerada como una zona de tránsito. Sin embargo, en los últimos años, el número de personas que han decidido quedarse y convertirla en su hogar está aumentando, con efectos evidentes en el contexto social del territorio. En general, desde 2018, todo el país ha visto aumentar el número de personas en situación de movilidad humana, especialmente procedentes de Venezuela, que hoy en día alcanzan casi medio millón. Es el 5 de abril de 2024 y acaba de concluir el proceso de regularización extraordinaria dirigido a ciudadanos extranjeros de diferentes nacionalidades presentes en el territorio ecuatoriano. Esta iniciativa, promovida por el Gobierno de Guillermo Lasso (presidente del país hasta noviembre de 2023) para responder al creciente número de migrantes irregulares (la mayoría de nacionalidad venezolana), comenzó en septiembre de 2022 y, a través de diferentes fases, ha permitido que alrededor de 90.000 personas (cifra aún no definitiva) obtengan una Visa de Residencia Temporal de Excepción, mejor conocida como Visa VIRTE.
Como voluntaria de los Cuerpos Civiles de Paz (CCP) en el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en Ibarra, he participado activamente en el proceso, acompañando a aquellos que solicitaban nuestro apoyo para los trámites necesarios para obtener la VIRTE y he podido constatar las dificultades asociadas. Si bien es cierto que los requisitos para acceder a este instrumento son menos estrictos que los necesarios para cualquier otro tipo de visa, muchas personas han quedado excluidas del proceso, debido a complicaciones burocráticas. Empecemos por los aspectos positivos: esta visa humanitaria ha permitido a miles de personas venezolanas y de otras nacionalidades obtener una identidad en este país, ya no ser invisibles y poder reclamar los derechos que muchas veces se les niegan, en un contexto cada vez más discriminatorio y xenófobo. En primer lugar, la posibilidad (aunque remota dada la situación de crisis y precariedad que atraviesa todo el país) de encontrar un trabajo formal, que pueda garantizar el pago del salario mínimo y mayores beneficios, como la afiliación al seguro social y la cobertura de posibles gastos médicos.
Lamentablemente, el trabajo informal es una realidad cotidiana para muchos: no solo para extranjeros, sino también para gran parte de la población local, que se ve obligada a trabajar en turnos agotadores con salarios miserables. Si observamos las cifras relacionadas con las personas en situación de movilidad, basta pensar que el 95% de ellos está empleado en el sector informal, y a menudo se trata de comercio ambulante. La obtención de la cédula de extranjería (documento de identidad ecuatoriano para ciudadanos extranjeros), además de representar la esperanza de conseguir un trabajo digno, también abre la posibilidad de iniciar un emprendimiento propio. Este es el caso, por ejemplo, de la Señora R., una mujer venezolana de sesenta años que después de cinco años de residencia irregular en el país, finalmente pudo obtener la visa y ahora puede hacer realidad su deseo de abrir su propio puesto de comida venezolana. O el caso del Señor J., que finalmente puede homologar su licencia de conducir profesional, comprar un camión y trabajar en el sector del transporte de mercancías. Hay muchas historias de éxito, pero muchas más historias de personas que se quedan atrás. La pregunta que más nos hacen quienes desafortunadamente han sido excluidos del proceso es: “¿Qué va a pasar a partir de ahora?”
Siendo un mecanismo de regularización extraordinaria, todas las personas que no pudieron obtener la VIRTE, ya sea por falta de los documentos requeridos o porque ingresaron a Ecuador después del 15 de agosto de 2023, permanecerán en una situación migratoria irregular y estarán más expuestas a los controles de la policía migratoria y posibles deportaciones. Todavía no hay mucha claridad sobre lo que sucederá de ahora en adelante; todo dependerá de las medidas que tome el nuevo gobierno de Daniel Noboa, que asumió el cargo el 23 de noviembre de 2023. La percepción de las organizaciones humanitarias presentes en el territorio es que habrá un endurecimiento de las políticas migratorias, con más controles en las fronteras, que ya se intensificaron a partir de enero de 2024, cuando se declaró el estado de emergencia en respuesta al aumento de la violencia en el país, debido al control del territorio por parte de grupos vinculados al narcotráfico. La militarización de la frontera norte, junto con la solicitud de presentar antecedentes penales legalizados del país de origen y de residencia de los últimos cinco años, así como la intención de fortalecer el instrumento de deportación, no producirán ningún resultado aparte de fomentar aún más los ingresos por pasos irregulares (por trocha), con todos los riesgos que esto conlleva.
Al analizar la situación en la que se encuentra el país y la orientación de los gobiernos que se han sucedido en los últimos años, se puede deducir que la estrategia de abrir este proceso de regularización extraordinaria no es el resultado de una verdadera intención de inclusión de los migrantes en el tejido económico-social del país, sino más bien el resultado de una estrategia política precisa, que utiliza la migración como un instrumento diplomático. El Estado ecuatoriano, con su decisión de otorgar una amnistía migratoria, desincentiva de facto la llegada de migrantes hacia otros países de la región, implementando una estrategia de contención de los flujos migratorios, a cambio, por supuesto, de beneficios. En los últimos años, los asuntos migratorios, especialmente la migración venezolana, se han incorporado como parte central de la diplomacia regional. Una prueba de ello es que, en lugar de adoptar una estrategia a largo plazo y sostenible, se prefiere optar por medidas de emergencia y temporales, que solo abordan parcialmente las necesidades reales y concretas de la población en situación de movilidad.
Al concluir este proceso de regularización extraordinaria, lo que no se detendrá será el trabajo realizado por el Consejo Noruego y otras organizaciones humanitarias que, al conectarse con las expresiones de la sociedad civil, pueden desempeñar un papel fundamental en el diálogo con las instituciones y en la denuncia de las violaciones de los derechos. Como parte de los Cuerpos Civiles de Paz, creo que es esencial continuar con el trabajo de sensibilización e información dirigido a las personas migrantes, para que puedan adquirir mayor conciencia sobre su condición de sujetos de derecho y así poder tener una estadía segura en el país. También como parte de los CCP, pienso en cuán fundamental es en su proceso de inclusión económico-social el papel desempeñado por la población receptora y cuánto queda por hacer en este sentido. El clima de odio y xenofobia que se respira no solo en Ibarra, sino en todo Ecuador, está en aumento en un contexto donde la precariedad, la pobreza y la violencia necesitan un chivo expiatorio sobre el cual cargar culpas y responsabilidades, y donde las propias instituciones promueven actitudes estigmatizantes y anti-migrantes.
También es nuestra tarea mantener encendidos los reflectores sobre la necesidad de elaborar, tanto aquí como en Europa, una estrategia de intervención, protección, regularización e inclusión económico-social permanente de las personas migrantes para proteger mejor su dignidad. Es utópico, pero no quiero dejar de creer que algún día será posible convertir en realidad lo expresado en la Constitución ecuatoriana, donde se reconoce: “el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente en las relaciones Norte-Sur” (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008).